Huachicol fiscal golpea al autotransporte: red de contrabando desmantelada involucra empresas y funcionarios

 

El pasado fin de semana, autoridades federales desmantelaron una de las redes de contrabando de combustible más grandes y sofisticadas de los últimos años, con la detención de 14 personas, entre empresarios del autotransporte, funcionarios de aduanas y elementos de la Marina. El operativo, realizado en los puertos de Altamira y Tampico, Tamaulipas, reveló el modus operandi de una organización dedicada al tráfico ilegal de diésel desde Texas, Estados Unidos, hacia México, utilizando documentación falsa y esquemas para evadir impuestos[1][2][3][5].

La investigación, que se extendió por más de dos años y fue impulsada por denuncias internas en la Secretaría de Marina, permitió incautar más de 10 millones de litros de diésel, 190 contenedores, tractocamiones y remolques, así como la intervención de tres empresas de transporte: Mefra Fletes, Autolíneas Roca y Montimex[1][2]. Estas compañías registraban el combustible como aditivos o desechos industriales, aprovechando permisos temporales de importación para burlar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)[2][3].

La presidenta Claudia Sheinbaum, en conferencia matutina, aseguró que el combate al huachicol fiscal será con “cero impunidad”, destacando que el caso es resultado de una investigación iniciada tras la denuncia del almirante Rafael Ojeda, entonces secretario de Marina[3]. El impacto de esta red no solo se limita a Tamaulipas, sino que afecta a todo el sector del autotransporte de carga, ya que el diésel ilegal era vendido a gasolineras y flotillas de transporte a precios inferiores, generando competencia desleal y pérdidas millonarias para el fisco[3][5].

Contexto y antecedentes

El huachicol fiscal, como se denomina a esta modalidad de contrabando, consiste en introducir hidrocarburos al país usando documentación aduanal falsa para evitar el pago de impuestos. El caso más emblemático fue el del buque Challenge Procyan, que en marzo de este año atracó en el puerto de Tampico con una carga declarada como aceites lubricantes, pero que en realidad era diésel. Tras la inspección, se descubrió la maniobra y se procedió al cateo de predios cercanos, donde se incautaron millones de litros de combustible y decenas de vehículos[2].

La red operaba con la complicidad de funcionarios portuarios y aduanales, algunos de los cuales ya han sido cesados y detenidos. La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que uno de los funcionarios detenidos era socio de los dueños de la empresa importadora del huachicol asegurado[2].

Datos adicionales y contexto nacional

El robo y contrabando de combustibles no es exclusivo de Tamaulipas. En el Estado de México, apenas el 5 de septiembre, agentes de seguridad detuvieron a tres hombres que transportaban 100 mil litros de gasolina en tractocamiones, presuntamente ligados a grupos delictivos dedicados al huachicol[4]. Además, se han detectado tomas clandestinas y túneles para extraer hidrocarburos de ductos, lo que evidencia la magnitud y sofisticación de estas redes criminales.

El impacto para el autotransporte de carga es profundo. Por un lado, la disponibilidad de diésel ilegal a precios bajos incentiva a algunas flotillas a adquirir combustible fuera de la ley, exponiéndose a sanciones y afectando la competencia. Por otro, la evasión fiscal reduce los recursos públicos destinados a infraestructura y seguridad, elementos clave para el desarrollo del sector.

La logística nacional también se ve afectada. El uso de tractocamiones y remolques para el traslado de combustible ilegal pone en riesgo la integridad de las cadenas de suministro, ya que estos vehículos pueden ser decomisados, generando retrasos y pérdidas económicas. Además, la presencia de combustible de dudosa calidad puede dañar motores y equipos, incrementando los costos de mantenimiento y operación para las empresas de transporte.

Perspectiva y outlook económico

La desarticulación de esta red marca un precedente en la lucha contra el huachicol fiscal, pero también evidencia la necesidad de fortalecer los controles aduanales y la supervisión en puertos y carreteras. El sector del autotransporte de carga enfrenta el reto de operar en un entorno donde la ilegalidad puede distorsionar el mercado y poner en riesgo la seguridad de las operaciones.

A corto plazo, se espera una mayor vigilancia y operativos en puntos estratégicos, lo que podría generar ajustes en los costos logísticos y en la oferta de combustible. A mediano plazo, si las autoridades logran mantener la presión sobre estas redes, el sector podría recuperar parte de la competitividad perdida y contribuir a la estabilidad fiscal del país.

Sin embargo, la persistencia de grupos delictivos y la sofisticación de sus métodos obligan a las empresas de autotransporte a reforzar sus controles internos y a colaborar con las autoridades para evitar ser parte, directa o indirectamente, de esquemas ilegales. El futuro económico del sector dependerá en gran medida de la capacidad institucional para erradicar el huachicol fiscal y de la voluntad empresarial para operar bajo esquemas de legalidad y transparencia.

Nota completa: https://www.dufrei.com/blog/noticias-2/cae-red-de-huachicol-e-incluye-transportistas-esto-podria-impactar-al-autotransporte-27